Nines Maestro
El pleno del Congreso
de los Diputados debatió el pasado 11 de diciembre una Moción del PSOE en
la que se proponía derogar la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión. La
Moción, obviamente, fue derrotada por la mayoría absoluta del PP.
El PSOE, ahora en la
oposición y en medio de una situación explosiva en la sanidad madrileña, cambia
radicalmente el apoyo a la Ley, mantenido hasta ahora y desde que en 1997 la
votara afirmativamente junto al PP, PNV, CiU y CC. Entonces acababa de perder
las elecciones generales y con su voto – indispensable para un PP que gobernaba
en minoría – dio vía libre a la entrada masiva de la empresa privada en la
gestión de la sanidad pública.
Desde fuera del
Parlamento, pero con semejante trascendencia, la Federación de Sanidad de
CC.OO., a través de un Comunicado de prensa de su Secretaria General emitido al
día siguiente de la votación parlamentaria1, “valora positivamente
el consenso alcanzado en el Parlamento sobre las Nuevas formas de Gestión del
Sistema Nacional de Salud”.
En el debate
parlamentario de la Ley 15/972 en el que
participé representando a IU – que votó en contra, junto al BNG – la ex
ministra y portavoz del PSOE, Ángeles Amador justificaba su apoyo calificando a
la nueva norma de garantía de la sanidad pública y baluarte contra la
privatización.
Una lucha dura
No ha sido fácil
mantener la lucha desde aquella época explicando que la Ley aprobada era la
clave de bóveda para el proceso de privatización que ya entonces se había
iniciado. Poca gente creía que fuese a pasar lo que ahora tenemos ante
nosotros. La privatización ofrece el negocio soñado a bancos, inmobiliarias y
aseguradoras privadas: financiación y clientela pública garantizada, y gestión
y beneficios privados.
Sin embargo los hechos fueron confirmando que esa Ley constituía
el pilar del aparato jurídico que amparaba la privatización.
Así sucedió cuando CC.OO. del País Valenciano, creyendo los
argumentos del PSOE y de su Federación de Sanidad, denunció la ilegalidad del
Hospital de Alzira gestionado por la UTE Ribera Salud (Adeslas, Bancaja, CAM, ACS-Dragados y Lubasa) y puesto en marcha por
Antonio Bargueño, entonces Director Asistencial de Adeslas y hoy Director
General de Hospitales de la Comunidad de Madrid. La sentencia firme del
Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad3 no
dejaba lugar a dudas: “el soporte legal a la concesión administrativa vendría
dada por el Real Decreto Ley 10/1996 y Ley 15/1997” […] no cabe
duda de que el enfoque legislativo es abrir las formas de gestión
tanto a entidades y personas, públicas como privadas, y formas de gestión
directa o indirecta.”
Todas y cada una de las licitaciones y concesiones
administrativas para poner en marcha los nuevos hospitales de gestión privada
en Madrid, País Valenciano, por gobiernos del PP, y en Baleares y Cataluña, por
gobiernos del PSOE e IU con otras fuerzas políticas se han hecho bajo la
cobertura jurídica de la Lay 15/97
El combate de CASMADRID y MATUSALEN desde 2004, y ahora de la
Red Autogestionada Antiprivatización de la Sanidad (RAAS) frente a estas dos
poderosas organizaciones, con una amplia constelación de satélites integrantes
de la “Cumbre Social” y con una influencia determinante en los grandes medios
de comunicación, ha sido duro.
Ser las únicas voces que se alzaban mientras se ponían en marcha
los 7 hospitales de gestión privada de Madrid, mientras alcaldes de
partidos políticos de todos los colores cedían suelo y se hacían,
felices, la foto frente al nuevo hospital de su ciudad y mientras todos los
sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad pactaban decenas de acuerdos
con el PP mientras callaban durante el largo proceso de construcción y puesta
en marcha de “la sanidad del futuro” del PP, planteaba un combate enormemente
desigual.
Con el PSOE en la oposición en Madrid, y luego en el Estado, se
iba configurando un “frente común” integrado por PSOE, IU, CC.OO y UGT (IU ha
venido priorizando su papel subordinado al PSOE sobre la defensa de su votación
contra la Ley, al que se añadía como “representante técnico” del sector
sanitario a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP). Su eje central era conseguir réditos electorales en la lucha contra el
PP, y hablar de la Ley 15/97 era poner en evidencia la corresponsabilidad
en la misma del PSOE, con el apoyo de CC.OO.
El bloque era hermético y cualquier organización – vecinal,
asamblea popular,.. etc, que planteara la exigencia de derogar la 15/97, o bien
era sometida a una cascada de “explicaciones” de técnica jurídica acerca de la
intrascendencia de la Ley para la privatización, y/o de descalificaciones hacia
las personas que sustentamos estas posiciones bajo la acusación de sectarismo.
Pero la lucha realizada con modestísimos recursos pero con un
gran convencimiento y compromiso de muchas personas iba calando. La realidad se
puede ocultar un poco de tiempo, pero al final aparece y se derrumban los
engendros erigidos para ocultarla.
En 2009, tras manifestaciones de varias decenas de miles de
personas en Madrid y un trabajo paciente de recogida de firmas llevado a cabo
en centros sanitarios, barrios y pueblos de todo el Estado, se presentaron en
el Congreso más de 400.000 solicitando la derogación de la Ley 15/974. Para
ilustrar el ninguneo de los medios de comunicación valga el siguiente hecho que
es comprobable en las hemerotecas: pese a la abundancia de periodistas que
cubrieron la presentación de las firmas, ningún medio lo recogió al día
siguiente. Sí pudo verse, como noticia destacada, a la FADSP que entregaba
30.000 firmas contra el Área Única a la entonces ministra Trinidad Jimenez que
no se dignó siquiera a contestar a solicitudes de entrevista que desde
CASMADRID y Matusalén le fueron formuladas.
La “toma en consideración” de la posibilidad de modificar la
15/97
El 24 de noviembre de 2009 el Congreso de los Diputados aprobó la
toma en consideración de una Proposición, presentada por el Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa- Verds, que pretendía la
modificación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional
de Salud5.
Esta propuesta presentada por iniciativa de IU, el mismo grupo parlamentario
que en 1997 votó en contra de esa Ley, sólo pretendía ahora reducir su alcance
para conseguir el apoyo del PSOE en el Gobierno, tras consensuarla con él.
La iniciativa pretendía limitar la posibilidad de convenios,
conciertos o acuerdos para la gestión y prestación de servicios sanitarios a
“entidades públicas”, desconociendo que la figura jurídica ’empresa pública’ ha
sido el paso previo a la privatización de todo tipo de servicio público, en la
medida que introduce la gestión mercantil y los objetivos de ahorro por encima
de criterios de calidad o rentabilidad social. Además la ’empresa pública’,
como la Fundación de Alcorcón o el Anillo Radiológico en Madrid, y muchos casos
más en Comunidades Autónomas (CC AA) gobernadas por el PSOE, están concebidas
para, bajo su inocente nombre, subcontratar con empresas privadas todo tipo de
servicios y poder emplear al personal mediante la extensa gama de contratos
precarios existentes.
La buena noticia fue un brindis al sol. Tras la aprobación en el
Pleno del Congreso y la remisión a la Comisión de Sanidad para la aprobación de
las enmiendas, semana tras semana durante casi dos años, el Grupo Parlamentario
del PSOE presentaba una solicitud de ampliación del plazo. El parto de los
montes concluyó sin siquiera dar a luz a un ratón. El 26 de septiembre de 2011
fueron disueltas las cámaras por la convocatoria de elecciones generales sin
que el debate se hubiera iniciado.
El cambio de chaqueta en la oposición
La Moción para la derogación de la Ley por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tenía en su punto 4 la siguiente redacción: Instar al
Gobierno a..“Presentar, en el plazo de un mes, un proyecto de ley que
garantice la naturaleza pública de la financiación, la provisión y la gestión
de los servicios de salud e impida que en la prestación de servicios sanitarios
no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los
usuarios, derogando la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión
del Sistema Nacional de Salud”.
El
inequívoco texto deja en evidencia y con las vergüenzas al aire a todo el coro
de organizaciones satélites y “expertos” que machaconamente han venido
repitiendo la voz de su amo, insistiendo en que las privatizaciones del PP – de
las otras no hablaban – no tenían nada que ver con esta Ley.
En
un reciente debate televisivo en el programa La Tuerca6 en
el que participé y en el que fue entrevistado por teléfono Jose Manuel Freire,
portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, negó enfáticamente – como puede
verse en el enlace al programa – que la Ley 15/97 fuera la cobertura legal de
la privatización, calificándola de “arqueología”.
El
mismo día de la votación de la Moción en el Congreso, en un debate celebrado en
la Escuela de Relaciones Laborales de Madrid en el que participaba Jose Ramón
Repullo, médico de la órbita del PSOE, junto a Antonio Gómez Liébana, de
CASMADRID, el primero insistió en el carácter obsoleto de la Ley y su denuncia como
un “mantra” vació de contenido.
La
presentación de la Moción por el mismo PSOE que la apoyó, la aplicó en
comunidades autónomas en las que gobernaba e impidió su “modificación” cuando
podía ser aprobada es la enésima maniobra política de un partido que se hunde
porque movilización social le está inhabilitando como representante de unas
mínimas posiciones de izquierda.
La
percepción de la realidad se abre paso, sobre todo cuando la lucha acrecienta
la conciencia y la difusión de la información. El
PSOE ha sido y es, desde la Transición, un representante privilegiado de los
intereses del capital, con palabrería de izquierdas cuando así convenía a sus
intereses. Solamente en la sanidad y en lo que se refiere a sus ex ministros y
ex ministras, es amplia la lista de su vinculación como Consejeros de la
empresa privada, que no cabe reseñar aquí. Es difícil valorar si es mayor o
menor que la de los correspondientes del PP.
Lo que es seguro es que sus intereses están alineados con los de
los grandes banqueros y empresarios que nos están saqueando. Y lo que es
imprescindible es que demos los pasos necesarios para que la clase obrera y los
pueblos no permitamos que nos vuelvan a engañar las mismas organizaciones que
montaron la gran estafa de la Transición. El camino para la construcción del
referente político unitario en el que la independencia de clase este
garantizada es largo y difícil pero ya nos está apremiando.
13 de diciembre de
2012
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