Ángeles
Maestro
(Por dificultades técnicas suprimíronse toda unha serie de gráficos)
1. La mayor mortalidad de la clase obrera, una
constante en la sociedad capitalista.
Desmintiendo una vez más a los postmodernos de la
“ciudadanía” o de la “nube de mosquitos”, la división de la sociedad en clases
y la categoría lucha de clases son las que explican la esencia del
funcionamiento social. Y lo hacen de la forma más dramática e incuestionable:
mediante diferencias muy importantes en la mortalidad entre las clases
sociales.
Una vez más las doctrinas judeocristianas yerran. Las
personas no sólo no somos iguales, es la desigualdad lo que nos caracteriza y
sobre todo a la hora de morir. La desigualdad social es el rasgo definitorio de
la vida en el capitalismo y la muerte prematura en la clase obrera es su
expresión más dramática.
El ocultamiento de esta terrible destrucción de vitalidad humana, que el desarrollo científico técnico hubiera permitido desplegar y que se aniquila en aras de la producción de plus valor, es uno de los principales objetivos de la ideología dominante.
Por el contrario la comprensión de la forma en que el
capital – trabajo muerto –destruye la vitalidad de los trabajadores y
trabajadoras en la reproducción de las relaciones sociales de explotación y
opresión, precisamente por su demoledora capacidad explicativa de la esencia
del capitalismo, es un objetivo prioritario en la construcción de la conciencia
de clase.
El nivel alcanzado por la lucha de clases en cada
etapa histórica explica la hegemonía, bien de las teorías que explican los
cambios de la mortalidad y la morbilidad como reflejo de la estructura social,
o de las que intentan enmascararlos destacando el papel de los factores
individuales, del “estilo de vida”, en la determinación de las formas
particulares de enfermar y de morir.
A mediados del siglo XIX, en un contexto histórico
marcado por grandes revoluciones populares en Europa, la Salud Pública dejaba
los despachos y los hospitales, y salía a la calle. Al mismo tiempo que se
publicaban trabajos memorables como “La situación de la clase obrera en
Inglaterra” de Friedrich Engels, o cuando el naturalismo en literatura
denunciaba con crudeza las condiciones de vida de los oprimidos, destacados
médicos microbiólogos o citopatólogos afirmaban con toda su autoridad
científica que las condiciones sociales eran las causas esenciales de la
enfermedad y la muerte. En consecuencia establecieron que ocultar la esencia
social de la enfermedad, vinculada a la explotación laboral, a la miseria y a
la angustia de las clases populares, y afirmar que los microbios – y demás
factores biológicos - son el origen de las enfermedades es, no sólo
manipulación ideológica de las clases dominantes, sino desnaturalización del
conocimiento científico. Y lo que es más importante, afirmaron que sólo
transformando la estructura social es posible intervenir eficazmente sobre los
orígenes de la enfermedad.
A este respecto conserva toda su vigencia el informe
escrito en 1848 por el insigne patólogo Rudolf Virchow, a petición del gobierno
prusiano sobre una epidemia de tifus que diezmaba la población minera de la
Silesia ocupada. Sus recomendaciones fueron, por este orden: que el medio
millón de pobres tuviera completa e ilimitada democracia, educación, libertad y
prosperidad, que los oprimidos de Silesia tuvieran derecho a comunicarse en su
propia lengua polaca y a tener un gobierno elegido por ellos mismos, que se
separara la Iglesia del Estado, que mejoraran la agricultura y las
comunicaciones y que se crearan organizaciones económicas basadas en la
cooperación. Cuando el gobierno le reprochó haber realizado un informe político
y no médico, él respondió con su famosa frase: “La medicina es una ciencia
social y la política no es más que medicina en gran escala”[i][i]. Virchow fue uno entre muchos y la irrupción de ese
discurso fue la consecuencia de la intensificación de las luchas sociales.
Corroborando la afirmación de Walter Benjamín: “la clase que lucha, que está
sometida, es el sujeto mismo del conocimiento histórico”, también en Medicina,
el auge de la lucha de clases y la constitución de la clase obrera en sujeto
político, revoluciona los conocimientos y recrea la producción social del
saber.
Por el contrario, el hecho de que desde hace décadas
prime la teoría de la responsabilidad del individuo y de sus “malos hábitos” de
beber, fumar, alimentarse inadecuadamente o drogarse, como factores causales de
las enfermedades es perfectamente coherente con la privatización en curso de
los servicios públicos, y también, una demoledora derrota ideológica. Este
discurso se centra en conceptos aparentemente inocentes como “estilos de vida”
y se define como el conjunto de hábitos que el individuo adopta libremente y
que supondrán, o no, prácticas nocivas para su salud. Los enfermos y con ellos,
los y las pobres, tomados de uno en uno, son pues los únicos responsables de
sus desgracias. Además de ocultar el enorme peso de los factores sociales en la
causalidad de la enfermedad y la muerte, este tipo de ideologías – que
impregnan hasta la saciedad los medios de comunicación – incorporan algo tan
interesante para los poderes establecidos como la criminalización de la víctima[ii][ii] hecho que se convierte, sobre todo
en tiempos de crisis, en un poderoso mecanismo de control social.
La sobremortalidad de la clase obrera es una constante
histórica que da cuenta – también en tiempos de bonanza económica – de la
guerra oculta pero enormemente cruenta que desarrolla y cobra sus víctimas, aún
en momentos de “paz social”. Al analizar el Informe de la Comisión de
Determinantes Sociales de la OMS de 2009, con datos anteriores al estallido de
la burbuja financiera, Vicente Navarro destaca numerosos datos que avalan que
demuestran que la población de los barrios obreros en Europa y en EE.UU, tiene
más de treinta años menos de esperanza de vida, que la de los barrios burgueses
del mismo país[iii][iii]. Pero es en las grandes crisis del
capitalismo, y esta lleva camino de convertirse en la mayor de todas, cuando la
desigualdad se muestra de forma más descarnada.
2. Las políticas del capitalismo en crisis disparan
las desigualdades sociales.
La crisis estructural actual, sin final previsible,
que está destruyendo millones de puestos de trabajo en un tiempo récord y
arrasando conquistas laborales y sociales conseguidas en luchas seculares, está
arrancando al capitalismo las máscaras de legitimación que cuidadosamente fue
construyendo y que apuntalaron las teorías del “fin de la historia”, de la
inexistencia de alternativas. Hoy, cuando el pueblo trabajador percibe con
claridad creciente que algo muy parecido a la esclavitud es el único futuro que
le reserva el capitalismo, a las clases dominantes les interesa más que nunca
que los únicos datos que se utilicen para valorar la realidad sean los de la
prima de riesgo, la Bolsa, el PIB, las ganancias de las empresas, la inflación
o los fríos números del paro. Para que su ley y su orden sigan reinando, la
aniquilación de seres humanos que su dominación comporta, debe permanecer
oculta.
La constatación de que la crisis conlleva un
incremento importante y perfectamente cuantificable de la mortalidad, puede
llevar a la errónea conclusión de la existencia de una relación de causa-efecto
entre la caída del PIB y el aumento de la Tasa de Mortalidad General. David
Stuckler en su importante trabajo acerca de las privatizaciones masivas y el
incremento de la mortalidad en países exsocialistas de Europa, constata el
mismo fenómeno que ya se produjo cuando la Gran Depresión en 1929: una caída
del PIB del 30%, se corresponde con un aumento de la mortalidad general de un
20% y de la mortalidad por suicidio del 40%.
Caída del
PIB (GDP en inglés) 30%, Tasa de Suicidio 40% y Tasa de Mortalidad General 20%.
No obstante, como el autor citado destaca no es tanto
la crisis sino las políticas empleadas para enfrentarla las que determinan el
impacto en la mortalidad en las poblaciones. Es llamativo que en la Cuba de los
años inmediatamente posteriores a la extinción de la URSS, con una caída del
PIB entre 1989 y 1993 del 34,8% y una pérdida de más del 80% del comercio
exterior, continuara el descenso de la mortalidad infantil (11,1 por mil en
1989 y 10.2 por mil en 1992) y aumentara ligeramente la esperanza de vida en el
mismo periodo.
Stuckler demuestra cómo entre los mismos países de la
ex URSS se produjeron diferencias muy importantes en la evolución de la Tasa de
Mortalidad por Tuberculosis en función de si siguieron o no los planes de
ajuste del FMI[iv][iv]. Entre los primeros se incluyen la
mayor parte de los países del bloque del Este, incluida Rusia. El segundo
bloque encontramos a países que el imperialismo estadounidense y los medios de
comunicación suelen calificar como del “eje del mal”, como Bielorrusia,
comenzaron las privatizaciones pero las suspendieron e incluso las revirtieron
a manos públicas cuando sus gobernantes observaron los terribles estragos que
estas desencadenaban, no sólo en la esfera productiva, sino sobre todo en el
sistema de protección social.
Se repitió exactamente el mismo guión de las políticas
impuestas por el FMI y el BM en América Latina y en África y que tuvieron como
consecuencia un empeoramiento sustancial del estado de salud de sus poblaciones.
En países en los que la Tasa de Mortalidad Infantil había disminuido en torno a
un 25% entre 1960 y 1980, aumentó – coincidiendo con la aplicación de políticas
de ajuste entre 1980 y 1985 – el 26,5% en Mali o el 53% en Madagascar[v][v].
A pesar del escaso tiempo transcurrido y de que los
datos más recientes reflejados en la gráfica que se reproduce a continuación[vi][vi] son de 2010, la evolución de la
mortalidad infantil en Grecia en los últimos años refleja su importante
disminución entre 1993 y 2008 y su brusco aumento en relación con el promedio
europeo a partir de esa fecha. Los datos dan cuenta, no tanto de la crisis,
sino de la eliminación de las redes de protección social que hubieran podido
amortiguar su impacto entre los sectores más pobres de la población.
3. La mayor mortalidad de la población pobre no es un
“daño colateral” sino un objetivo.
Cada vez está más claro que, junto a la destrucción y
concentración de capital, las políticas de los gobiernos persiguen la
destrucción de los sectores sociales que el capital no necesita como mano de
obra y que considera un lastre porque consumen grandes recursos: personas
mayores pobres, paradas pobres y enfermas crónicas pobres. Hay datos
suficientes para afirmar que, a diferencia de lo que los gobiernos declaran, la
eliminación física de estos grupos sociales constituye un objetivo y no una
consecuencia “no deseada”, pero “inevitable” de sus políticas.
Se ha demostrado hasta la saciedad que la exclusión
del derecho a la asistencia sanitaria de las personas inmigrantes “sin papeles”
no tiene sentido desde el punto de vista económico, además de ser una
inmoralidad y un crimen. Es evidente que dejar las urgencias hospitalarias como
única opción, retrasa el diagnóstico de enfermedades graves y encarece los
tratamientos al ofrecer el ingreso como exclusivo recurso. En realidad lo que
se consigue es comprometer gravemente la salud y la vida de estas personas que
llegan a los servicios sanitarios demasiado tarde.
A pesar de que estas políticas ofrecen carnaza
electoral a los sectores de extrema derecha, el racismo y la xenofobia que
implican, apenas ocultan que las personas inmigrantes sin papeles son
simplemente las primeras en ser excluidas (en torno a 900.000 personas), a los
que se irán incorporando en cascada las capas con menos recursos de la clase
obrera.
La Ley de Presupuestos para 2014 [vii] anula, desde el pasado 1 de enero,
el derecho a la asistencia sanitaria a las personas mayores de 26 años, sin
trabajo, que hayan agotado las prestaciones y subsidios por desempleo y que
pasen más de 90 días en el extranjero. Dado el creciente número de personas, la
mayor parte jóvenes, que se ven obligadas a emigrar en busca de empleo - se
calcula que 2013 salieron 600.000 personas y en que 2012 lo hicieron 476.000 –
la repercusión de esta medida puede ser muy importante.
La finalidad central del Real Decreto 16/2012, llamado
“de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”es la introducción
del concepto de “asegurado” (artº1)[vii][viii] para definir quienes tiene derecho
a la asistencia sanitaria. El término “asegurado” está fuera de lugar en un
sistema sanitario financiado exclusivamente a través de transferencias del
Estado a las CC.AA. a partir de los impuestos, en su mayor parte indirectos que
pagamos todas las personas, incluidas las “sin papeles”. El criterio sirve al
objetivo de ir sumando requisitos e ir expulsando a los sectores con menos
recursos del acceso a la sanidad pública.
La Ministra de Sanidad al intentar justificar la
introducción del repago para las personas pensionistas, lo explicó con claridad
meridiana: “el objetivo no es recaudatorio, sino disuasorio”[viii][ix]. Es decir, los 8,14 euros al mes
que deben pagar los pensionistas por los medicamentos no incrementarán de forma
sustancial los ingresos de las arcas públicas, sino que se espera que los
pensionistas más pobres, para quienes esa cantidad sea relativamente
importante, no adquieran sus fármacos y desistan de ir al médico. Un estudio
realizado en la Comunidad de Madrid concluye que cerca del 17% de las personas
pensionistas han renunciado, desde la introducción del repago, a adquirir algún
medicamento y que el hecho "es
significativamente superior en las rentas mas bajas", ya que el 27,29 % de
los que tenían una renta inferior a 400 euros mensuales no retiraron de la
farmacia los medicamentos prescritos[ix][x]. Calificar ese objetivo de
“racionalización del consumo de medicamentos”, cuando – como es obvio – la prescripción
la realiza el facultativo y no el paciente, y cuando sus consecuencias afectan
especialmente a la población más pobre, es un acto de cinismo difícil de
igualar y corrobora los auténticos objetivos –liquidadores – de estas
políticas.
Por si fuera poco, tras haber eliminado el Gobierno la
actualización del poder adquisitivo de las pensiones en función del IPC y
haberlas subido un mísero 0,25% (recordemos la subida de la luz), se acaba de
aumentar el tope máximo que las personas pensionistas deben abonar por los
medicamentos un 1,47%, seis veces más de lo que se han incrementado las
pensiones.
La última medida más grave relacionada con los
medicamentos es obligar al pago de un % de los medicamentos de uso hospitalario[x][xi] , (un 10% de su coste y hasta un
tope de 4,20 euros por envase) hasta ahora gratuitos porque se usaban de forma
controlada y exclusivamente para enfermedades crónicas graves, como el cáncer,
entre otras. La denuncia de que la medida, que no prevé exclusión alguna en
función de la situación de desempleo, pensionista, bajos ingresos o
discapacidad[xi][xii], equivale a una condena a muerte
para las personas enfermas pobres ha sido generalizada por parte de sociedades
científicas y asociaciones de pacientes[xii][xiii].
Para su desgracia, Grecia marca el camino. El Ministro
de sanidad Loverdos envió una circular unos días antes de las elecciones de
mayo de 2012 que establecía que no se prestará atención médica ni hospitalaria
gratuita a los inmigrantes sin papeles, a excepción de casos urgentes en los
que peligran sus vidas, personas contaminadas con el virus del SIDA o con otras
enfermedades infecciosas que requieran tratamiento, en cuyo caso la estancia
gratuita en el hospital durará sólo hasta que se estabilice la situación de la
persona ingresada. De las personas paradas, griegas o inmigrantes, quedan
excluidas de la asistencia sanitaria todas aquellas menores de 55 años que no
hayan estado inscritos en la oficina del paro durante al menos doce meses y
hayan cotizado 600 jornadas laborales, con un aumento de 100 jornadas por cada
año para las mayores de 30 años. En el caso de las paradas de más de 55 años,
el requisito es que hayan estado doce meses al menos inscritos en el paro y
hayan cotizado tres mil jornadas. Cerca de la mitad del millón doscientas mil
personas desempleadas no tienen asistencia sanitaria. Cuando se le diagnostica un cáncer a una persona sin
seguro, “el sistema simplemente hace caso omiso de ella”, afirmaba el Dr. Syrigos. “No puede acceder a la
quimioterapia, ni a la cirugía, ni siquiera a medicamentos sencillos”[xiii][xiv].
4. El cebo envenenado de la vuelta al Estado del
Bienestar
Hoy, menos que en ninguna otra época, el conocimiento
de la realidad es un lujo académico o cultural y su diagnóstico preciso
responde a la necesidad perentoria de transformarlo. El rigor en el análisis de
la crisis actual del capitalismo es requisito indispensable para asegurar que
el tratamiento a seguir por la clase obrera para enfrentarla, en una lucha que
es a vida o muerte, es el adecuado.
El relato de las causas de la crisis que ha impuesto
la ideología dominante es aproximadamente el siguiente: se inicia con la
quiebra de Lehman Brothers en 2008, continúa con el estallido de las burbujas
inmobiliaria y financiera y la correspondiente destrucción de empleo,
generándose una enorme deuda pública y privada que hay que pagar mediante
recortes en el gasto en servicios públicos.
La llamada izquierda institucional, política y
sindical, añade que son precisamente las políticas de austeridad las que están
contribuyendo decisivamente a perpetuar una crisis que se resolvería con
políticas de gasto público elevado, que nos colocarían en la senda de la vuelta
al “Estado del Bienestar”. Nada dicen en torno a una pregunta clave: ¿se
debería haber dejado de inyectar dinero público a la banca privada para evitar
su crisis?. Esa pregunta se le hizo al diputado de IU Alberto Garzón en un
reciente programa televisivo y su respuesta fue que habría que haberse diseñado
“un tipo de rescate distinto”[xiv][xv]
El paraíso perdido del “bienestar” se concretaría en
el “Modelo social europeo” y en los “aspectos progresistas” de la Constitución
Española”. Este discurso es el que estructura el Manifiesto de la “Cumbre
Social”[xv][xvi] organismo creado en el verano de
2012 por PSOE, IU, CC.OO. y UGT y que congrega a varias decenas de
organizaciones satélites.
La conclusión lógica es que el obstáculo para el
“bienestar” es el gobierno de derechas y cavernícola del PP, que nos está
llevando al desastre. La solución propuesta es bien sencilla: aprovechar las
movilizaciones que expresan el profundo malestar social en amplios sectores
populares para exigir la dimisión del gobierno y una nueva convocatoria de
elecciones en las que el pueblo votaría en masa al PSOE y a IU, cuyo gobierno
pondría fin a tanto desastre.
Las cosas distan mucho de ser así.
La naturaleza de la crisis actual, así como sus
principales actores políticos, nada tienen que ver con el discurso propuesto
por PSOE e IU, CC.OO y UGT. La crisis del capitalismo es general, no sólo económica
o financiera y, teniendo su epicentro en la UE y en EE.UU. afecta todas las
economías del planeta, como bien ha demostrado, entre otros Jorge Beinstein[xvi][xvii] . La inyección de dinero público
que preconizan como alternativa, ha sido realizada por EE.UU.[xvii][xviii] o Japón[xviii][xix] y ha producido un crecimiento
económico directamente proporcional a su cuantía y se ha agotado rápidamente
sin desencadenar ningún proceso de reactivación.
La crisis no empezó en 2007 y ni mucho menos ha tocado
fondo. Un reciente informe del FMI, titulado “Crisis financiera y deuda
soberana: lecciones aprendidas del pasado y lo que hemos olvidado”[xix][xx] se afirma que esta es “la mayor
situación de endeudamiento de los países occidentales en los últimos 200años”.
Las propuestas que hace las sustenta en la demostración de que se ha llegado al
límite: “cuando el sistema financiero ha desvelado toda su podredumbre y malas
prácticas (corrupción, manipulación de las tasas interbancarias, generación de
créditos sin base, sobresueldos, etc) no queda más que resetear todo el sistema
y evitar que la economía siga su desplome. El informe define como meras medidas
cosméticas, absolutamente insuficientes, los recortes y reestructuraciones
llevados a cabo hasta ahora por los países de la UE. Se ha beneficiado la banca
alemana, pero ella es la más apalancada del mundo, mientras los planes de
austeridad no hacen más que posponer y ampliar los problemas.
Según informa Marco Antonio Moreno al analizar el
citado Informe, sus propuestas no son precisamente recuperar el Estado del
Bienestar, sino las mismas que el FMI imponía a los “países del tercer Mundo”:
condonación de la deuda por parte de los acreedores, confiscación de depósitos,
controles de capital en el interior de la zona euro, otros mecanismos de
represión financiera y una mayor inflación para licuar los saldos de deuda.
“Esta crisis demuestra que lo gloriosos años del capitalismo fueron un fraude.
Todo el llamado crecimiento fue vía deuda y no hubo crecimiento real que
garantizara el futuro. La ilusión se ha diluido y sólo queda el auténtico
cáncer de la crisis. Una crisis que se sigue expandiendo y dando cuenta de que
aún quedan muchos días difíciles por venir”[xx][xxi]
La “vuelta del Estado del Bienestar”, es un concepto
preñado de ideología burguesa que remite al mito de lo estático, de una
situación de felicidad general y permanente que nunca existió. Si hubo una
etapa histórica en la que existieron servicios públicos universales en una
pequeña parte de los Estados capitalistas más industrializados fue porque la
correlación de fuerzas posterior a la II Guerra Mundial – marcada por la
existencia de la URSS y por una clase obrera potente que había derrotado al
fascismo con las armas en la mano – favorable a los trabajadores y
trabajadoras.
El “bienestar” que el capitalismo permitió a la clase
obrera del “primer mundo” fue, sobre todo, a costa del incremento de la
explotación de los pueblos de su periferia. Por otra parte, El Pacto Social que
la izquierda institucional, política y sindical brindó al capitalismo,
renunciando a todo planteamiento de cuestionamiento de su estructura de poder
fue el origen del soborno y la corrupción de sus burocracias sindicales y
políticas, causan esenciales del enorme debilitamiento de la clase obrera que
ha permitido que la barbarie capitalista que hoy se abate sobre nosotros no
cuente con la fuerza necesaria para enfrentarla.
Finalmente, la construcción de los grandes servicios
públicos correspondió a una etapa histórica concreta en la que el desarrollo
capitalista necesitaba ingentes cantidades de mano de obra y una fuerza de
trabajo para la que necesitaba formación y que necesitaba potentes servicios de
salud para reintegrarla cuanto antes a la producción.
Es exactamente la situación contraria a la que vivimos
hoy. El capitalismo en crisis necesita destruir capital en grandes proporciones
y debe prescindir masivamente de los sectores de la clase obrera que no
necesita para la producción.
En el Estado español, el entramado de
poderes empresariales, bancarios, políticos y sindicales que accedió a - o se
benefició de - la gestión del capitalismo de la mano del PSOE, disputa a cara
de perro parcelas concretas de poder a los exfranquistas (hoy en el PP). No hay
entre ellos diferencias relevantes en cuanto a las propuestas políticas. De
esta agria pelea es expresión el afloramiento continuo de graves casos de
corrupción – que se arrojan a la cara en una escalada caracterizada por el “y
tú más” en medio de una gravísima crisis sistémica que amenaza por afectar a
los propios equilibrios dentro del bloque dominante recompuesto tras la
Transición.
Tanto la reivindicación del “modelo
social europeo” como de los “aspectos sociales” de la Constitución, son
engañifas destinadas a preservar – ante unos pueblos progresivamente esquilmados
en sus derechos – las instituciones básicas del capitalismo europeo y español
que han servido para legitimar una Transición que perpetuó el poder de las
clases dominantes herederas de la Dictadura y de los nuevos ricos de la
“democracia” de la mano del PSOE y del PP. Por eso, aspirar a reformar la UE no
es menos irreal que aspirar a reformar la OTAN y, a despecho de IU (e incluso
de una parte de la izquierda extraparlamentaria), el primer paso que, de
alcanzar el poder, habría de dar todo proyecto mínimamente transformador sería
el inmediato abandono de la Unión Europea y del euro. Lo que el citado
Manifiesto pone en evidencia una vez más, junto al Pacto Social, mil veces
reeditado, sobre la base de la primacía de la aceptación de los pilares del
sistema capitalista y de la competitividad como instrumento supremo para
generar riqueza y crear puestos de trabajo, es la impagable – para el capital -
función de este tipo de organizaciones para legitimar el orden establecido y
evitar que la clase obrera y los pueblos descubran el expolio a que se les
somete y actúen en consecuencia[xxi][xxii].
La construcción del poder del pueblo necesariamente
debe edificarse sobre la independencia de clase y para ello es imprescindible
desenmascarar el impagable papel – aunque se suela remunerar bien – de la
supuesta izquierda política y sindical en la legitimación del sistema. En
momentos de gran crispación social y en los que el capitalismo no tiene
respuesta alguna a la desesperación de millones de personas, es absolutamente crucial
para las clases dominantes que las esperanzas populares se depositen en la
alternancia en el gobierno de partidos de la izquierda que no cuestionan
ninguno de sus pilares fundamentales, ni el entramado de poderes que estructuró
la Transición, ni el imperialismo de la UE, ni mucho menos el sometimiento a
EE.UU. a través de la OTAN.
Erigir un discurso como el de la “vuelta al Estado del
Bienestar”, es una imposibilidad absoluta, hoy más que nunca, negada por la
Reforma Constitucional de agosto de 2011, por el Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria (TSCG) y por la Ley
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera[xxii][xxiii], votados no sólo por el PP, sino
por el PSOE – aliado imprescindible de un hipotético gobierno “de izquierdas” y
las derechas nacionalistas.
5. La Reforma Constitucional del artículo
135, el TSCG y la Ley Orgánica 2/2012.
En agosto de 2011 el Gobierno del PSOE, llevó al
Parlamento una propuesta de Reforma Constitucional, anunciada una semana antes,
no ya sin Referéndum, sino sin debate social alguno, y que tuvo consecuencias
semejantes a un Golpe de Estado. Con el voto de su Grupo Parlamentario, el del
PP y el de UPN se reformó el artículo 135 de la Constitución que establece que:
“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública se
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su
pago gozará de prioridad absoluta”[xxiii][xxiv]. Además exige a todas las
Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y
Seguridad Social) someter su déficit estructural y su deuda pública a los
límites fijados por la UE.
La deuda pública que a finales de 2007 equivalía al
36,3% del PIB, se situaba a finales de 2013 cerca del 100% del PIB, 954.893 millones de euros. Como es bien sabido, semejante desastre ha sido el
resultado de transferir a las arcas públicas el pago de los cerca de doscientos
mil millones de euros entregados a la banca privada, principalmente, pero también
a empresas inmobiliarias, del automóvil, constructoras de autopistas, de
aeropuertos fantasma, etc.
El pago anual que el Estado realiza en concepto de
intereses más la devolución de capital se sitúa cerca del 50% del total del
gasto consignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y es lo que el
nuevo artículo 135 considera “prioridad absoluta”.
Curiosamente el verdadero origen de la supuesta
voluntad “soberana” de la exigua mayoría parlamentaria que vota la Reforma
(¡qué vergüenza produce escucharles aludir al “amplio consenso constitucional
de la Transición” cuando se trata de reconocer el Derecho de Autodeterminación
de los pueblos!) es un Tratado europeo que vería la luz ¡siete meses después!.
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza
de la Unión Económica y Monetaria (TSCG)[xxiv][xxv], de 2 de marzo de 2012, obliga a
los estados miembros de la UE cuya moneda es el euro a introducir la “regla del
equilibrio presupuestario”, incluidas medidas correctoras “automáticas y
permanentes” en caso de incumplimiento, y las correspondientes multas
coercitivas al Estado miembro que incumpliere alguno de sus preceptos.
El Tratado establece también: “la obligación de las
Partes Contratantes de transponer la «regla de equilibrio presupuestario» en
sus ordenamientos jurídicos nacionales, mediante disposiciones vinculantes,
permanentes y preferentemente de rango constitucional”.
Teniendo en cuenta que el TSCG es del 2 marzo de 2012, es evidente que la Reforma
Constitucional plasmó con siete meses de antelación, y en el marco legal más
alto, una obligación que aún no había contraído. El TSCG fue ratificado por el
congreso de los Diputados el 21 de junio de 2012,
con el voto de PP, PSOE, PNV, CiU, CC y UpyD.
Pero faltaba la Ley que concretara, tanto el nuevo
artículo 135 de la CE, como el TSCG.
El Consejo de Ministros aprobó el 2 de marzo de 2012,
el mismo día en el que se publicó el TSCG, del que supuestamente emanaba, el
Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (Ley 2/2012).
La Ley 2/ 2012[xxv][xxvi], aprobada en trámite de urgencia,
tuvo el voto de PP, CiU, UPyD, Foro y UPN, en total 192 votos, superando apenas
la mayoría absoluta de los diputados, requerida por su carácter de Ley Orgánica.
El PSOE, a pesar de haber promovido desde el Gobierno la Reforma Constitucional
y que votaría dos meses después a favor del TSCG, votó en contra de la Ley porque defendía que el tope máximo del
déficit estructural fuese del 0,4% del PIB, frente al 0% que finalmente se
aprobó.
La Ley 2/2012 establece la obligatoriedad para todas
las Administraciones Públicas de que el llamado déficit estructural
(sustancialmente el gasto en servicios públicos) sea igual a cero o tenga
superávit en 2020, y de que el nivel de deuda pública en esa fecha no sea
superior al 60% del PIB, situación que deberá ser mantenida a perpetuidad.
Conseguir un déficit estructural cero o el superávit
en una situación marcada por la caída progresiva y de gran envergadura de los
ingresos de las administraciones a todos los niveles, por un lado como
consecuencia de la caída sin final previsible de la actividad económica, y por
el otro, y sobre todo, porque no hay la menor voluntad política de actuar, ni
contra la evasión de capitales, ni contra el fraude fiscal, ni mucho menos de
incrementar la tributación de grandes fortunas y empresas, equivale a
desmantelar totalmente el empleo y los servicios públicos y a reducir
drásticamente las pensiones. Solamente la reducción de la deuda pública al 60%
equivale a disminuir el gasto en cerca de 400.000 millones de euros en 2020.
Por si hubiera alguna posibilidad de que la situación
económica mejorara, y con ella los ingresos de las administraciones públicas, la Ley establece que dichos ingresos no se
destinen a financiar nuevos gastos, sino que “se destinarán íntegramente a
reducir el nivel de deuda pública” (Artº 12.5).
La Ley desarrolla un rosario detallado de medidas
“correctivas” y “coercitivas” para asegurar el cumplimiento de las medidas de
ahorro en los plazos previstos, mediante mecanismos tales como la anulación de
la disponibilidad de créditos o la imposición de multas equivalentes al 0,2%
del PIB del término municipal o autonómico de la administración
correspondiente.
En el caso de que un gobierno autonómico persista en
anteponer los intereses de la ciudadanía al orden establecido, es decir, al
incumplimiento del objetivo de reducción del déficit estructural o de la deuda
pública, el Estado podrá intervenir la Comunidad Autónoma.
En el caso de rebeldía de los gobiernos municipales
“podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses
generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación
Local incumplidora…” (Art. 26.3). Se aplicaría el artículo 61 de la Ley de Régimen Local, que fue concebido como
legislación antiterrorista para disolver los ayuntamientos gobernados por la
izquierda abertzale y que ahora se aplica a los gobiernos municipales que
incumplan los mandatos del gran capital, encarnados en la UE y establecidos en
el TSCG.
Finalmente, por si cupiera alguna duda, la Disposición
Final primera señala como única fuente de competencias para esta Ley, el artículo 135 de la Constitución. La
Disposición Adicional tercera regula la impugnación ante el Tribunal
Constitucional de las normas, actos o resoluciones “de cualquier órgano de las
CC.AA. [con o sin fuerza de Ley] que
vulneren los principios establecidos en el artículo 135 de la Constitución y
desarrollados en la presente Ley”.
Cuando Lenin explica que empiezan a darse condiciones
revolucionarias cuando los de arriba no pueden seguir gobernando como lo
hacían y que esas situaciones aparecen con fuerza en las grandes crisis
económicas del capitalismo, sabía lo que decía.
La pérdida de rentabilidad del capital y la
correspondiente lucha feroz por los beneficios lleva a la burguesía a
arrancarse la máscara de la más elemental democracia, atropellando incluso su
propia Constitución.
La burguesía acomete una gigantesca
destrucción de capital –que no ha hecho más que empezar y que está generando un
monumental ejército de reserva de desempleados y desempleadas - y ha decidido
prescindir de los gastos de reproducción de una fuerza de trabajo que no
necesita y que – cuando sucumba – puede ser fácilmente sustituida.
La calificación de Golpe de Estado aplicada a la
Reforma Constitucional del artículo 135 está plenamente justificada por cuanto,
por sí misma invalida el artículo 1 de la Constitución que establece que
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” y el 2 que
dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo Español”. Más allá de la
denuncia de la ausencia de reconocimiento del Derecho de Autodeterminación, es
evidente que no ya ninguno de los pueblos del Estado español, ni tan siquiera
quienes ostentan poderes en las administraciones públicas por elección directa,
como es el caso de los Ayuntamientos, o en representación de mayorías
parlamentarias como los Gobiernos de las CC.AA. o del Estado, carecen de
capacidad alguna para decidir la forma en que se gasta el dinero público, que a
su vez proviene – casi en exclusiva – de las y los trabajadores.
El hecho de que la Reforma Constitucional se produjera
en una semana (se anunció el 23 de agosto y se votó el 30) sin Referéndum,
mediante una simple votación parlamentaria, en plenas vacaciones, mediante un
Pleno Extraordinario del Congreso y con el apoyo sólo de PP, PSOE y UPN, da
cuenta, en las formas, del auténtico quebrantamiento constitucional perpetrado.
Cualquier atisbo de legitimidad democrática que
pudiera quedarle a la Constitución de 1978 queda aniquilado. No obstante, todo
sigue atado y bien atado: la suma de los diputados que se opusieron a la
reforma es inferior a 50, número mínimo requerido para presentar Recurso de
Inconstitucionalidad.
Y no sólo eso, ni los sindicatos mayoritarios, ni los
partidos de la izquierda institucional, que votaron en contra, han explicado la
enorme trascendencia de esta Ley
2/2012, que desarrolla el artículo 135 y el TSCG, a una población inquieta y
movilizada. Mucho menos han movilizado a las trabajadoras y trabajadores contra
la Ley y contra la ratificación
parlamentaria del TSCG, al contrario de lo ocurrido en Francia con decenas de
miles de manifestantes[xxvii][xxviii] o en otros países de la UE.
La desvergüenza y la hipocresía de seguir denunciando
“los recortes del PP” sin apuntar a las manos que mecen la cuna, las del PSOE,
apenas ocultan su doble función: evitar que los pueblos se enfrenten al sistema
capitalista y a los partidos políticos que lo sostienen y abonar el terreno con
el objetivo de “todos contra el PP” esperando una vuelta, no ya al Estado del
Bienestar – que saben mejor que nadie que es imposible – sino del gobierno de
los amigos, más generosos en subvenciones.
La posición de IU, que votó en contra de las tres
normas, es exactamente la misma de otras veces, por ejemplo con la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión[xxviii][xxix] en sanidad. Votó en contra, pero
como su estrategia está centrada en intentar gobernar con el PSOE como sea, no
desarrolla campaña sostenida alguna de movilización - más allá de declaraciones
puntuales que se olvidan al día siguiente - para no dejar en evidencia al
aliado.
Es decir, la izquierda travestida, trata de impedir la
segunda condición que establecía Lenin para que se dé una situación
revolucionaria, que los de abajo ya no
acepten ser dominados como antes. Y para ello es preciso que la conciencia
difusa del expolio a que nos someten – que es ya mayoritaria - se concrete en
propuestas de combate que permitan acumular fuerzas.
Sólo la organización y la lucha, condiciones
indispensables para que se extiendan la información y la conciencia, pueden
denunciar eficazmente en la plaza pública el escarnio de que esta Ley se justifique para “el crecimiento y la
creación de empleo, asegurar el bienestar y ofrecer un futuro más próspero,
justo y solidario”, cuando el conjunto de la norma va dirigida a estrangular el
gasto de las administraciones en servicios públicos.
Sólo la fuerza organizada del pueblo trabajador puede
hacer añicos la argumentación de que el deterioro de las finanzas públicas por
la vía de la reducción de ingresos, desde 2008 y a consecuencia de la crisis,
“agotó rápidamente los márgenes de maniobra de la política fiscal, obligando
ahora a practicar un fuerte ajuste”. Para justificarlo se dice en el preámbulo
de la Ley que “no hay margen para cambios en la política fiscal”, en uno de los
estados de la UE con mayor fraude fiscal identificado, que alcanzó en 2012 el
6% del PIB, y del que las grandes empresas concentran el 72% y al que hay
añadir el correspondiente a la economía sumergida, que alcanza el 25% del PIB.
La evasión de capitales hacia paraísos fiscales, protagonizada por las grandes
fortunas encabezadas por la familia real y por las grandes empresas se calcula
que supera al PIB: más de un billón de euros.
La lucha por no pagar su deuda, por explicar que es
imposible cualquier mejora en las condiciones de vida y de trabajo que no pase
por salir del euro y de la UE tiene en el combate contra esta Ley y, contra el TSCG, como señala Aurora
Despierta en un reciente artículo[xxix][xxx] un instrumento
de lucha privilegiado que permite a los diferentes movimientos sectoriales un
objetivo común.
Al mismo tiempo la exigencia de derogación del Tratado
y de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, permite establecer una línea de
demarcación clara entre la izquierda y la derecha, independientemente del
nombre de las siglas. Más aún, esa
denuncia debe explicar con claridad la inutilidad de votar a cualquier opción
política que no plantee claramente el no pago de la deuda y la consecuente
salida de la Unión Monetaria y de la UE; porque dentro no hay margen de
maniobra alguno y porque las medidas previstas en la Ley 2/2012 van destinadas
a eliminar a cualquier fuerza política que cometa el “delito” de priorizar las
políticas sociales por encima de cualquier otra partida de gasto.
Estas tres normas muestran con nitidez cuál es la
política del capital y la de sus gobiernos, y la que pretende ocultar la
izquierda pactista. Sin embargo sabemos que la aplicación práctica de las leyes, así como las sentencias de los
tribunales, dependen de algo tan dinámico como la correlación de fuerzas, en
definitiva de la lucha de clases.
La lucha contra ambas normas y la intensificación del
combate contra la Constitución de 1978 permite arrancar la máscara de
capitalismo humanizado de la UE mostrando su feroz rostro imperialista y
desvela la gran estafa de la consigna de “la vuelta del Estado de Bienestar”.
La consigna de No
al pago de la Deuda, y la consiguiente salida del euro y de la UE, debe impregnar todas y cada una de las
luchas obreras y populares, demostrando que es condición imprescindible para
cualquier otra reivindicación de trabajo, derechos o servicios públicos. Sólo
ella es capaz de ser el pilar sobre el que se erija la construcción del poder
del pueblo y de sustentar una nueva correlación de fuerzas que enfrente desde
la propiedad pública de la riqueza, la construcción de una sociedad a medida de
los seres humanos, el socialismo.
No pagar la Deuda y salir del “euro”
no es un problema de técnica económica, es un asunto esencialmente político, como señala Costas Lapavitsas, que además requiere utilizar un arma
imprescindible para enfrentar esta ataque sin precedente: el internacionalismo.
Un internacionalismo como el que definía Manuel Sacristán, cuyas palabras ante
una pregunta sobre la “nacionalización de la política” y la crisis “definitiva”
del marxismo, nos recuerda Lapavitsas: “El internacionalismo es uno de los valores
más dignos y buenos para la especie humana con que cuenta la tradición
marxista. Lo que pasa es que el internacionalismo no se puede practicar de
verdad más que sobre la base de otro viejo principio socialista, que es el de
la autodeterminación de los pueblos… Todo lo demás que dice usted en esta
pregunta es pura moda neorromántica irracionalista, efecto de la perdida de las
esperanzas revolucionarias”[xxx][xxxi]
Enero de 2014
[xxxi][i] Virchow, R. Die
Medizinische Reform, 2. In H. E. Sigerist, Medicine and Human Welfare, 93, 1941.
[ii][ii] Este
concepto, denunciado como fundamento de posiciones racistas y xenófobas y
conocido como “victim blaming”, ha sido analizado por diversos autores por su
papel legitimador de la ideología de la privatización de la sanidad y la
consecuente desaparición de la salud pública – y con ella, de las políticas de
intervención sobre los determinantes sociales de la salud y la enfermedad -
como elementos estructurantes del funcionamiento de los servicios sanitarios.
Véase Huertas, R. (1999). Neoliberalismo
y políticas de salud. El Viejo Topo. Fundación de Investigaciones Marxistas
[iv][iv] Stuckler,
D, King, L. M. McKee (2009) Mass privatisation and the postcommunist mortality
crisis: a cross-national análisis. The Lancet, Volume 373, Issue 9661, pages
399 – 407.
[v][v]
Toussaint, Eric (2004) Las dos fases del ajuste estructural. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/touss/cap12.rtf
[vii][viii] Al artº 1
del RD 16/2012 modifica la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, introduciendo un nuevo artº 3 que define la condición de
asegurado y enumerarequisitos necesarios para su reconocimiento. http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
[x][xi] La
Resolución de la Dirección General de Farmacia debía haber entrado en vigor el
1 de octubre de 2013, aunque hasta la fecha ninguna Comunidad Autónoma la ha
aplicado. http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/pdfs/BOE-A-2013-9709.pdf
[xv][xvi] http://www.ceapa.es/web/guest/contenido-portada/-/asset_publisher/eR4t/content/manifiesto-en-defensa-del-estado-de-bienestar-y-los-servicios-publicos?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
[xxi][xxii]
Dos recientes documentos de reciente publicación abundan en los mismos
planteamientos.Uno de ellos de Red Roja http://redroja.net/index.php/comunicados/831-el-mito-de-la-vuelta-al-estado-del-bienestar-otro-capitalismo-es-imposible
y otro de Manuel Navarrete en la Revista Laberinto, “No hay alternativas. Otro
capitalismo es imposible”.
[xxii][xxiii] El
PSOE no votó la Ley 2/2012, con el pírrico argumento de que el tope de défcit
estructural fuese del 0,4% del PIB y no el 0% que finalmente se aprobó.
[xxvi][xxvii] Gran
parte de las valoraciones que aquí se realizan proceden del único análisis
publicado por una organización de izquierdas: http://redroja.net/index.php/noticias-red-roja/noticias-cercanas/1910-informe-de-red-roja-sobre-la-ley-organica-22012-el-final-de-cualquier-soberania-y-el-arma-de-destruccion-masiva-de-los-servicios-publicos
[xxviii][xxix] [xxviii][xxix] Maestro, Ángeles (2013). Crisis capitalista y
privatización de la sanidad. Editorial Cisma. En este libro se recogen
numerosos aspectos de la Ley 15/97 de Nuevas formas de Gestión, votada en el
Parlamente por PP, PSOE, PNV, CiU y CC y pilar normativo clave de la
privatización de la sanidad.
[xxx][xxxi]
Reseña del libro de Costas Lapavitsas “Crisis en la eurozona” realizada por
Salvador López Arnal. http://www.rebelion.org/noticias/2014/1/179006.pdf
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