Carlos
Dafonte.
Si as
enquisas do CIS comezaban a modifica-las percepcións d@s votantes
sobre a situación electoral real, a sentenza da "trama Gurtel"
debía modifica-las conciencias e situar á opinión pública e ás
organizacións políticas diante dunha nova realidade. Con
independencia dos anos que a cada procesad@ lle caeu de condena, o
que a sentenza establece e que o PP, xunto con unha serie de
empresas, montou unha trama de financiación ilegal con "caixa
b" incluída; se establece na parte expositoria da sentenza:
"Entre
el Grupo CORREA y el Partido Popular se tejió, pues, una estructura
de colaboración estable, consistente, por una parte, para la
prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes,
organización de eventos, congresos, etc., dentro de la normal
actividad de dicho partido político, ya se trataran de actos
electorales o de otro tipo. Pero por otra, se creó en paralelo un
auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de
mecanismos de manipulación de la contratación pública central,
autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con
influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que
tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de
decisión en la contratación pública de determinados entes y
organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a
través de terceras personas ( Comunidades Autónomas y Municipios
gobernados por el PP), lo que le permitió que, bien las empresas de
CORREA u otras empresas terceras elegidas por él, con el acuerdo y
colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario
trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación
pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas, todo
lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de
aparente legalidad, pero que eludían en lo esencial la normatividad
vigente sobre contratación pública. Mediante el inflado de precios
que se cobraban de las distintas administraciones públicas
afectadas, la finalidad buscada era la obtención ilícita de
importantes beneficios económicos a costa del erario público, o
bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que
luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos
públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de
dinero en metálico, pero también mediante otro tipo de servicios o
regalos prestados por diferentes empresas de esa trama, como eventos,
viajes, fiestas, celebraciones, etc., de las que en algunos casos se
beneficiaron también sus familiares."(...)
